Escolástico Gil: “Estamos a siete kilómetros de la solución para Tenerife II”

Instituciones Penitenciarias valora la ampliación del depósito de la cárcel pero se desentiende de la canalización hasta el centro a lo largo de siete kilómetros. La solución sería la firma de un convenio. 

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, considera que la pregunta parlamentaria de la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, en referencia a los problemas de abastecimiento del centro penitenciario Tenerife II “está en línea con lo que dijimos en septiembre”. Escolástico Gil señala que “en efecto, el instrumento de planificación que debe acometer la obra de ampliación del depósito y la canalización es el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (PACEP), cuya revisión se amplió hasta el año 2028 en el Consejo de Ministros el 15 de noviembre de 2022”.

Sin embargo, el primer edil Gil puntualiza que “sabemos qué va a responder Instituciones Penitenciarias, en línea con lo que ya dijo la ministra Teresa Rivera”. El alcalde ha desvelado que la Secretaría General del organismo que gestiona las cárceles españolas “se comunicó con esta Alcaldía recientemente para darnos la razón en la necesidad de ampliar el depósito y reparar las conducciones interiores de Tenerife II para que el centro penitenciario disponga de agua durante cortes imprevistos, que ya se ha visto que pueden durar bastante tiempo”.

Eso sí, Instituciones Penitenciarias se desentiende totalmente de la canalización del agua bajo viales públicos municipales (calle El Cascajal y caminos Porcuna, El Convento y de Candelaria) e insulares (carretera general TF-24, TF-258 -caminos Escaño y La Mina-, y carretera La Esperanza - Llano del Moro TF-272) a lo largo de unos siete kilómetros hasta llegar a Tenerife II.

Escolástico Gil considera que “hemos conseguido la ampliación del depósito de la cárcel, pero todavía estamos a siete kilómetros de tubería de una solución que satisfaga a todas las partes”. Estas conducciones requieren de una inversión pública superior a dos millones de euros, cantidad que supera la capacidad de inversión del Ayuntamiento de El Rosario. “Esos siete kilómetros son necesarios para ampliar el caudal a la prisión y resolver también el abastecimiento a los vecinos de Llano El Moro de manera definitiva, haciendo justicia a un municipio que sufre la depredación de sus servicios básicos por un centro penitenciario que ni siquiera paga el IBI”, resalta Gil.

El alcalde rosariero indica que “para que Instituciones Penitenciarias se hiciera cargo de la inversión para poner esa tubería de siete kilómetros tendría que hacerse un cambio de titularidad del derecho de ocupación temporal de los viales municipales e insulares por los que debe pasar la tubería, que es un procedimiento bastante común y se ha hecho sin grandes problemas en otros centros penitenciarios”.

Escolástico Gil sostiene que “la solución es que hagamos un convenio de cofinanciación entre el ayuntamiento, el Consejo Insular de Aguas, el Gobierno de Canarias y la Administración Penitenciaria, para incluir los siete kilómetros de tubería en el mismo paquete que la ampliación del depósito y las reparaciones de mantenimiento hidráulico del interior de la prisión, declarando estas actuaciones de interés público”.

Las obras las ejecuta, por orden del Consejo de Ministros, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y Seguridad del Estado (SIEPSE), que actualmente tiene en fase de redacción su Plan Estratégico. Para el alcalde “es necesario incluir la redacción de proyectos y ejecución de las obras necesarias en dicha planificación”. El Consejo de Ministros es el competente para aprobar esa revisión del PACEP para adaptar las infraestructuras penitenciarias de Tenerife II a las necesidades de sostenibilidad hidráulica actuales y reparar y ampliar las fuentes de abastecimiento hidráulico de las instalaciones, depósito y canalizaciones.

El pasado mes de julio se supo, a través de la dirección de Tenerife II, que SIEPSE tiene previsto invertir 15 millones de euros en la prisión dentro de estos planes de infraestructuras. “Solo hay que incluir estas obras hidráulicas en ese paquete y el Gobierno central debe ampliar la partida si es necesario”, argumenta Gil.

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