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Este programa permite la rehabilitación de viviendas que, debido a la escasez de recursos económicos de sus propietarios, no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad.
A partir de mañana, 25 de abril, y hasta el jueves 16 de mayo (ambos inclusive) se mantendrá abierto el plazo de presentación de solicitudes para optar al Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas 2018. La inversión total asciende a 39.636’92 euros, cofinanciados por el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de El Rosario. La instancia se puede descargar gratuitamente desde la sede electrónica del Ayuntamiento (http://elrosario.sedelectronica.es/info.0) o solicitarla en el Registro General del Ayuntamiento, en La Esperanza, o en la Tenencia de Alcaldía, en Llano Blanco.
Este programa insular está destinado al fomento de la rehabilitación de viviendas que, debido a la escasez de recursos económicos de los propietarios de las mismas, no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad, en algunos casos por deficiencias de salubridad, en otros por deficiencias en las instalaciones necesarias para el suministro eléctrico o de agua potable, o de saneamiento, siendo también cada vez más frecuente encontrar viviendas con graves problemas de accesibilidad para residentes con movilidad reducida.
Serán obras a financiar a través de esta convocatoria, entre otras, aquellas que comprendan total o parcialmente la mejora de las condiciones de accesibilidad, las que garanticen la seguridad de la vivienda tales como el refuerzo o sustitución parcial de los elementos estructurales, las que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad, protección contra incendio, etc.
La Concejalía de Acción Social e Igualdad coordina esta línea de ayudas que trata de mejorar las condicionas habitacionales de aquellas personas que tienen dificultades económicas y les es imposible afrontar, por sí solas, obras de reparación de sus viviendas. Los criterios de valoración se establecen según el nivel de renta del solicitante y núcleos de convivencia, la existencia de personas con diversidad funcional y/o situación de dependencia, así como la de menores en la residencia familiar.
